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Regulación canaria de las viviendas vacacionales

11 junio, 2015

La Comunidad canaria ya tiene regulación canaria sobre las viviendas vacacionales (de uso turístico) tras la publicación del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluyéndolas dentro de los establecimientos extra hoteleros, definiéndolas como las viviendas, que amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos previstos en el Reglamento, son comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística, para ser cedidas temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento vacacional y a cambio de un precio.

La norma establece que las viviendas vacacionales deberán ser cedidas íntegramente a una única persona usuaria, que figurará como responsable en todo caso de la reserva realizada, y no se permitirá la cesión por habitaciones, existiendo prohibición de formalizar varios contratos al mismo tiempo respecto a la misma vivienda, por lo que no se permite el uso compartido de la misma.

Sise trata de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, solo podrán comercializarse como viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se prohíba dicha actividad por los estatutos de la Comunidad de propietarios.

El Decreto obliga, con carácter previo a la efectiva ocupación de la vivienda vacacional por los usuarios, que ambas partes firmen un documento en el que, como mínimo, se han de recoger las condiciones extractadas del contrato, con indicación de los horarios, número máximo de personas que pueden ocupar la vivienda y los precios a cobrar por el servicio de alojamiento, con el IGIC incluido. Este documento estará redactado al menos, en castellano y en inglés.

Finalmente la norma establece los requisitos funcionales mínimos y de equipamiento que la vivienda debe tener siendo además preceptivo que el propietario disponga del correspondiente libro de quejas y reclamaciones y la obligación de remitir a la Dirección General de Policía la información relativa a la estancia de las personas que se alojan en ella, de acuerdo con las normas legales de registro documental e información que se exigen en la normativa vigente en materia de protección de la seguridad ciudadana y demás disposiciones aplicables.

Bárbara Sanchez-Ramade

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